Los españoles no son iguales ante la ley

por Javier Gallego  |  28 enero, 2013
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Hay que modificar la Constitución. La Constitución española no se ajusta a la realidad. La realidad de los españoles es pues inconstitucional. Ya que las autoridades no parecen dispuestas a hacer que nuestras vidas sean constitucionales, les sugerimos un cambio en la Carta Magna para que no nos siga engañando como nos engañan quienes nos gobiernan. Si no tenemos derechos, queremos por lo menos tener el derecho a saberlo. Sugerimos, pues, introducir un pequeño pero esencial cambio en el texto constitucional que quedaría así:

Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Artículo 14. Los españoles NO son iguales ante la ley y prevalecerá discriminación por razón de nacimiento y posición económica y social. Se considerarán por encima de la ley al Gobierno y a todos aquellos que tengan relación de complicidad con él así como aquellos que el Ejecutivo decida eximir del cumplimiento de la legislación vigente. El resto de ciudadanos estarán por debajo de la ley, sometidos por su peso, aplastados por ella incluso.

Como ustedes bien saben, este artículo no escrito ya se aplica de hecho y se lleva aplicando desde hace años. Lo aplicó el anterior Gobierno presuntamente socialista y supuestamente obrero que terminó su legislatura indultando a un banquero, consejero delegado del Banco Santander, condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por acusación y denuncia falsas. El mismo artículo ha sido aplicado también por el actual Ejecutivo, presuntamente popular pero realmente impopular, que concedió la misma medida de gracia a un grupo de policías, mossos d’Esquadra, condenados por dos veces por probadas torturas. El mismo Gobierno que permite que la tortura contra los ciudadanos quede impune, ha indultado también ahora a un homicida, un conductor kamikaze que mató a un hombre en el año 2003. Con este son dos los conductores temerarios a los que el Gobierno libera por vía rápida, nunca mejor dicho.

Curiosamente, uno de ellos, un tal Carromero, es miembro de su partido. Curiosamente, también, en el bufete que defiende al conductor kamikaze trabajan un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y un hermano del ex subsecretario del mismo ministerio, Ignacio Astarloa, según informa el abogado de la familia de la víctima. Quizá no sea tan curiosa la decisión del Ministerio de Justicia. Hay que recordar que el ministro dijo recientemente que gobernar, a veces, es repartir dolor.

A la familia de la víctima del conductor kamikaze le ha repartido esta semana una buena dosis de dolor. No es la única familia que sufre por culpa de la desigualdad de los españoles ante la ley. Mientras los que atropellan ciudadanos con un coche o con un banco, salen derrapando de la cárcel, David Reboredo, un ex toxicómano rehabilitado que ayuda a la recuperación de otros drogadictos ha sido ingresado en prisión por dos delitos menores que cometió hace años. Las peticiones de indulto de su familia y de las organizaciones sociales en la que trabaja Reboredo no han sido atendidas. Al menos de momento. La indulgencia gubernamental corre en coche de carreras para los suyos pero no llega para el resto de ciudadanos.

A la luz de lo expuesto, proponemos también un cambio en la definición del Estado. España no es un Estado de Derecho, es un Estado del Revés. Y un Estado de Privilegios. La ley no es igual para todos. Para la mayoría, no es.


4 Comentarios


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