La acción periodística ha comenzado antes de que la judicial tome decisiones, afirma Gabilondo. ¿Cómo conciliar los tiempos de uno y otra? ¿Tiene vigencia la presunción de inocencia?
Has mencionado que seguramente no existe malicia detrás de este fenómeno periodístico y puede que sea así, pero entonces deberíamos nombrarlo de alguna manera, pues no es solo el caso Urdangarín el que está en juego, son todos los casos que tienen una cierta relevancia mediática y aquí el periodismo se otorga una consigna o estandarte en el que suele concernir a la sociedad. Los datos filtrados de cualquiera de estos casos mediáticos son los catalizadores que hacen que periodistas y contertulios arrojen sobre la sociedad sus conocimientos a veces escasos de la interpretación que de los mismos tiene la justicia, el problema es que luego no se puede reparar el daño realizado. Yo no digo que no se deba cubrir una noticia, pero con los modales y argumentos que justifican esa noticia en su idiosincrasia, se puede mantener informada a la sociedad sin necesidad de circos que siempre son instalados por la peor parte de la profesión periodística.
La impresión de culpabilidad que en la sociedad han generado las informaciones periodísticas a cerca del caso Urdangarín no sólo viene de publicar la posición de la fiscalía. Entiendo que salió de casa real aquello de que el rey mandó a alguien de confianza a ver qué pasaba con Noos, que se instó a que los duques de Palma cesaran esas actividades, que ellos reincidieron y que finalmente fueron invitados a exiliarse a Washington. Este relato, resumido, que nos es familiar no nos viene de la fiscalía y alimenta la impresión de culpabilidad. (Dejo a la reflexión personal lo que tenga de posible ocultación/encubrimiento u omisión de la denuncia de posibles actuaciones delictivas por parte de propia casa real).
Por otro lado Iñaki hay que ver las prioridades. La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero no mayor ni más importante que el derecho al trabajo, a la vivienda digna, etc. que sistemáticamente son imposibles de ejercer y disfrutar para millones de españoles. Incluso será un derecho humano, pero el derecho a la vida también lo es y es conculcado masivamente en la mayor parte del mundo. Ojo con llenarnos la boca con la carta magna y la declaración universal de derechos para defender tan poca cosa como algunos miembros de la familia real.
Personalmente considero que en este país están ocurriendo hechos más relevantes y noticiosos que el juicio a Urdangarín, y que puestos a denunciar conculcación de derechos, también los hay más prioritarios, tanto cualitava como cuantitativamente.
Querido Iñaki: Permíteme que te llame así. Tú no me conoces, pero yo llevo muchos años conociéndote, escuchándote y admirándote, por lo que no puedo evitar sentir un cierto cariño por tu persona, y un gran respeto por tu buen hacer.
Permíteme también que discrepe. En mi opinión, el tribunal está capacitado para darle la vuelta a la opinión pública, si es que la situación tiene vuelta. Ciertamente, el periodista debe ser serio, contrastar las fuentes, moderar sus comentarios sin dejar de exponer sus opiniones, abstenerse de expresar éstas si antes no ha informado con objetividad de los hechos. Abstenerse de opinar si no los conoce. Estamos contra los linchamientos, pero también tenemos derecho a pensar y a expresarnos cuando creemos tener elementos de juicio suficientes. Tenemos derecho los ciudadanos, seamos periodistas o no, pero los periodistas también.
Estamos en contra del exceso, de la acusación infundada, de la condena precipitada. En eso estamos de acuerdo, pero, ¡ojo!, no vayamos a pecar de cautos, de remilgados o de excesivamente cautelosos.
La Constitución protege derechos fundamentales, pero tales derechos han de ser regulados. Por ejemplo, existe el derecho a la libertad y hay cárceles; el derecho al trabajo y hay despidos (e incluso despidos improcedentes sin readmisión, que ahora son baratos para los empresarios); existe el derecho a la vivienda y hay desahucios; el derecho a la inviolabilidad del domicilio y hay registros; a la inviolabilidad de la correspondencia y hay intervenciones por orden judicial; a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (telefónicas o no) y son intervenidas por orden judicial. Pues bien existe la presunción de inocencia, pero también la libertad de expresión. Quizá deberían perseguirse de oficio la calumnia, el libelo, la mentira asocial. Es cuestión de regulación. “Haced vosotros las leyes y dejadme a mí los reglamentos”, decía Romanones. Pero los reglamentos hay que hacerlos bien. La llamada a las conciencias suele, por desgracia, ser inútil. Puede hacerse desde los púlpitos y es lícito hacerla, como la haces tú, desde cualquier tribuna, pero los que ya hemos cumplido los sesenta somos escépticos sobre su eficacia.
Además, es difícil pedir respeto para la presunción de inocencia cuando ésta es atropellada desde el Tribunal Supremo por quien, al parecer, se siente por encima de la ley para hacerlo impunemente, dando con ello un pésimo ejemplo a la ciudadanía, a la que se pide desde las instituciones que agache la cabeza.
El magistrado Marchena ha dicho inexactitudes en su auto de rabieta, acusación y archivo, pues es algo más que un auto de archivo, contra Garzón en el caso de los cobros de Nueva York falseando los conceptos por los cuáles Garzón cobró lo que dice que cobró. Ha revelado información privada. Ha infringido la Ley de Protección de Datos Personales. Ha infringido la presunción de inocencia (llamando constantemente “los hechos” a “los hechos alegados”) y lo ha vuelto a hacer diciendo que de no haber prescrito los hechos las consecuencias habrían sido distintas. Si eso no es prejuzgar, que venga Dios y lo vea. Ha nombrado a una serie de entidades financieras que nada tenían que ver con el proceso y, sin embargo, se ha abstenido de imputar a quienes supuestamente hacían pagos cuando el magistrado pensaba que había cohecho. Ha dicho que esas entidades o sus directivos habían sido objeto de investigación en el juzgado del Sr. Garzón O EN OTROS. ¡Pues si es en otros a qué viene traerlos a cuento ni qué tiene que ver el Sr. Garzón! Incluso ha dicho que al Sr. Garzón le pagaban la asistenta. Mire usted, a mí, que escribo esto, me invitaron una vez a Dinamarca y me pagaban no sólo el hotel, la comida, bebida, etc., sino también el coche y el chófer. Se ve que al señor Marchena le amarga que otros triunfen y les paguen la asistenta. Tiene derecho a amargarse, pero no a faltar a la presunción de inocencia.
He dudado en participar hasta que he leido la aportación de Antonio F. Castillo González.
Me adhiero totalmente a lo expresado por dicha exposición, incluyendo en primer lugar al cariño y respeto que también siento por tu persona y en segundo lugar y fondo del tema, a la esquisitez y claridad de su exposición.
La presunción de inocencia es otra más de las prevenciones que se intentan contra los abusos de los poderosos y obviamente son esos mismos poderosos los que utilizan esa formula para evitar librarse por sus desmanes cuando estos son de tal magnitud que se aprecian facilmente tanto su comisión como sus efectos y consecuencias. Todo ello debe mirarse bajo le derecho, creo que superior, de que la “justicia emana del pueblo” sustituyendo si fuese necesario a la jurisdiccional cuando esta no cumple, como ocurre tan frecuentemente, con los requerimientos ciudadanos. Todos, como humanos, emitimos juicios diariamente, obviamente no jurisdiccionales, pero tan válidos y mucho más soberanos que ellos pues son los anhelos de la ciudadanía. De estos personajes, que en unos pocos años se han comprado un palacio de precio conocido, lo han reformado y se han gastado un fortunon en el, por muchas cuentas que hacemos, los pobrecitos ciudadanos de a pie, no concibimos que sueldos deben tener la pareja para que, aun sin comer ni gastarse en ropa y colegios, pueda darles para afrontar las cifras que se manejan. El pueblo les juzga, porque puede hacerlo y hasta ahora les está condenando, porque el pueblo puede y ellos se lo están mereciendo. ¡Ah! y la inmensa mayoría de ciudadanos no dispone de un trabajo facilitado a medida para que pueda huir? de España.
Iñaki Gabilondo, referencia imprescindible de los últimos 45 años del periodismo español, refleja en este vídeoblog su visión lúcida, equilibrada y certera sobre la actualidad.
Has mencionado que seguramente no existe malicia detrás de este fenómeno periodístico y puede que sea así, pero entonces deberíamos nombrarlo de alguna manera, pues no es solo el caso Urdangarín el que está en juego, son todos los casos que tienen una cierta relevancia mediática y aquí el periodismo se otorga una consigna o estandarte en el que suele concernir a la sociedad. Los datos filtrados de cualquiera de estos casos mediáticos son los catalizadores que hacen que periodistas y contertulios arrojen sobre la sociedad sus conocimientos a veces escasos de la interpretación que de los mismos tiene la justicia, el problema es que luego no se puede reparar el daño realizado. Yo no digo que no se deba cubrir una noticia, pero con los modales y argumentos que justifican esa noticia en su idiosincrasia, se puede mantener informada a la sociedad sin necesidad de circos que siempre son instalados por la peor parte de la profesión periodística.
Precisiones y prioridades
La impresión de culpabilidad que en la sociedad han generado las informaciones periodísticas a cerca del caso Urdangarín no sólo viene de publicar la posición de la fiscalía. Entiendo que salió de casa real aquello de que el rey mandó a alguien de confianza a ver qué pasaba con Noos, que se instó a que los duques de Palma cesaran esas actividades, que ellos reincidieron y que finalmente fueron invitados a exiliarse a Washington. Este relato, resumido, que nos es familiar no nos viene de la fiscalía y alimenta la impresión de culpabilidad. (Dejo a la reflexión personal lo que tenga de posible ocultación/encubrimiento u omisión de la denuncia de posibles actuaciones delictivas por parte de propia casa real).
Por otro lado Iñaki hay que ver las prioridades. La presunción de inocencia es un derecho constitucional, pero no mayor ni más importante que el derecho al trabajo, a la vivienda digna, etc. que sistemáticamente son imposibles de ejercer y disfrutar para millones de españoles. Incluso será un derecho humano, pero el derecho a la vida también lo es y es conculcado masivamente en la mayor parte del mundo. Ojo con llenarnos la boca con la carta magna y la declaración universal de derechos para defender tan poca cosa como algunos miembros de la familia real.
Personalmente considero que en este país están ocurriendo hechos más relevantes y noticiosos que el juicio a Urdangarín, y que puestos a denunciar conculcación de derechos, también los hay más prioritarios, tanto cualitava como cuantitativamente.
Querido Iñaki: Permíteme que te llame así. Tú no me conoces, pero yo llevo muchos años conociéndote, escuchándote y admirándote, por lo que no puedo evitar sentir un cierto cariño por tu persona, y un gran respeto por tu buen hacer.
Permíteme también que discrepe. En mi opinión, el tribunal está capacitado para darle la vuelta a la opinión pública, si es que la situación tiene vuelta. Ciertamente, el periodista debe ser serio, contrastar las fuentes, moderar sus comentarios sin dejar de exponer sus opiniones, abstenerse de expresar éstas si antes no ha informado con objetividad de los hechos. Abstenerse de opinar si no los conoce. Estamos contra los linchamientos, pero también tenemos derecho a pensar y a expresarnos cuando creemos tener elementos de juicio suficientes. Tenemos derecho los ciudadanos, seamos periodistas o no, pero los periodistas también.
Estamos en contra del exceso, de la acusación infundada, de la condena precipitada. En eso estamos de acuerdo, pero, ¡ojo!, no vayamos a pecar de cautos, de remilgados o de excesivamente cautelosos.
La Constitución protege derechos fundamentales, pero tales derechos han de ser regulados. Por ejemplo, existe el derecho a la libertad y hay cárceles; el derecho al trabajo y hay despidos (e incluso despidos improcedentes sin readmisión, que ahora son baratos para los empresarios); existe el derecho a la vivienda y hay desahucios; el derecho a la inviolabilidad del domicilio y hay registros; a la inviolabilidad de la correspondencia y hay intervenciones por orden judicial; a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (telefónicas o no) y son intervenidas por orden judicial. Pues bien existe la presunción de inocencia, pero también la libertad de expresión. Quizá deberían perseguirse de oficio la calumnia, el libelo, la mentira asocial. Es cuestión de regulación. “Haced vosotros las leyes y dejadme a mí los reglamentos”, decía Romanones. Pero los reglamentos hay que hacerlos bien. La llamada a las conciencias suele, por desgracia, ser inútil. Puede hacerse desde los púlpitos y es lícito hacerla, como la haces tú, desde cualquier tribuna, pero los que ya hemos cumplido los sesenta somos escépticos sobre su eficacia.
Además, es difícil pedir respeto para la presunción de inocencia cuando ésta es atropellada desde el Tribunal Supremo por quien, al parecer, se siente por encima de la ley para hacerlo impunemente, dando con ello un pésimo ejemplo a la ciudadanía, a la que se pide desde las instituciones que agache la cabeza.
El magistrado Marchena ha dicho inexactitudes en su auto de rabieta, acusación y archivo, pues es algo más que un auto de archivo, contra Garzón en el caso de los cobros de Nueva York falseando los conceptos por los cuáles Garzón cobró lo que dice que cobró. Ha revelado información privada. Ha infringido la Ley de Protección de Datos Personales. Ha infringido la presunción de inocencia (llamando constantemente “los hechos” a “los hechos alegados”) y lo ha vuelto a hacer diciendo que de no haber prescrito los hechos las consecuencias habrían sido distintas. Si eso no es prejuzgar, que venga Dios y lo vea. Ha nombrado a una serie de entidades financieras que nada tenían que ver con el proceso y, sin embargo, se ha abstenido de imputar a quienes supuestamente hacían pagos cuando el magistrado pensaba que había cohecho. Ha dicho que esas entidades o sus directivos habían sido objeto de investigación en el juzgado del Sr. Garzón O EN OTROS. ¡Pues si es en otros a qué viene traerlos a cuento ni qué tiene que ver el Sr. Garzón! Incluso ha dicho que al Sr. Garzón le pagaban la asistenta. Mire usted, a mí, que escribo esto, me invitaron una vez a Dinamarca y me pagaban no sólo el hotel, la comida, bebida, etc., sino también el coche y el chófer. Se ve que al señor Marchena le amarga que otros triunfen y les paguen la asistenta. Tiene derecho a amargarse, pero no a faltar a la presunción de inocencia.
He dudado en participar hasta que he leido la aportación de Antonio F. Castillo González.
Me adhiero totalmente a lo expresado por dicha exposición, incluyendo en primer lugar al cariño y respeto que también siento por tu persona y en segundo lugar y fondo del tema, a la esquisitez y claridad de su exposición.
La presunción de inocencia es otra más de las prevenciones que se intentan contra los abusos de los poderosos y obviamente son esos mismos poderosos los que utilizan esa formula para evitar librarse por sus desmanes cuando estos son de tal magnitud que se aprecian facilmente tanto su comisión como sus efectos y consecuencias. Todo ello debe mirarse bajo le derecho, creo que superior, de que la “justicia emana del pueblo” sustituyendo si fuese necesario a la jurisdiccional cuando esta no cumple, como ocurre tan frecuentemente, con los requerimientos ciudadanos. Todos, como humanos, emitimos juicios diariamente, obviamente no jurisdiccionales, pero tan válidos y mucho más soberanos que ellos pues son los anhelos de la ciudadanía. De estos personajes, que en unos pocos años se han comprado un palacio de precio conocido, lo han reformado y se han gastado un fortunon en el, por muchas cuentas que hacemos, los pobrecitos ciudadanos de a pie, no concibimos que sueldos deben tener la pareja para que, aun sin comer ni gastarse en ropa y colegios, pueda darles para afrontar las cifras que se manejan. El pueblo les juzga, porque puede hacerlo y hasta ahora les está condenando, porque el pueblo puede y ellos se lo están mereciendo. ¡Ah! y la inmensa mayoría de ciudadanos no dispone de un trabajo facilitado a medida para que pueda huir? de España.